El Presidente de APYME, Eduardo Fernández, plantea un estudio profundo de la nueva Ley “Este proyecto de ley adolece de financiamiento y no contempla una asistencia específica del Estado. La ley anterior preveía un fondo proveniente del recupero de los créditos en Lecor que había dado la provincia, por $ 60 millones, y ese importe podía y debía ser utilizado en la bonificación de tasas para proyectos de inversión. Pero este proyecto de ley carece de incentivos, algo elemental para las pymes, atento sus dificultades para acceder al mercado de dinero. Ningún empresario va a encarar un nuevo proyecto a la luz de las ventajas que otorga esta ley”, indicó Eduardo Fernández, presidente de APYME- Córdoba- a este medio.

Periodista: ¿Qué otras observaciones hacen Uds a esta normativa?
Eduardo Fernández: Una de nuestras observaciones es la discrecionalidad que confiere al P.E.P., y otra es que carece de un Organo de Contralor conformado por el sector privado, las universidades e, incluso, la oposición a nivel legislativo, que permita no sólo controlar el buen gasto por parte del gobierno, sino también la gestión de los funcionarios y que sea un aliciente del sector interesado en la aplicación de esta ley. Nosotros planteamos que se evaluara la ley anterior y se hiciera un balance de lo ocurrido en los últimos 5 años de su aplicación, para aprender de los errores cometidos y potenciar los aciertos.

P.: ¿Cómo considera que debe encuadrarse nuestra Pyme provincial?
E.F.: Estimativamente, en la provincia hay unas 9.000 pymes, y para su calificación esta ley aplica el criterio de la Subsecretaría Pyme, de monto de facturación, lo cual no nos parece razonable. La ley es bienvenida, pero adolece de muchas cosas y tiene errores gruesos como la ausencia de financiamiento en todos los programas. Asimismo, no puede haber ley que se considere estratégica, si no resguarda la seguridad jurídica de los empresarios que van a afrontar un proyecto dentro de los seis ítems que promueve el proyecto de esta nueva legislación y les plantea un límite en el tiempo. Ni los legisladores del oficialismo ni los funcionarios del ejecutivo, se explican por qué tendría validez por 5 años, cuando los tiempos de las inversiones productivas siempre son de largo plazo.

P.: ¿Desde el punto de vista de los beneficios impositivos, qué se propone en esta nueva normativa y cómo lo interpretan desde el sector?
E.F.: Bueno, este es otro aspecto que nos preocupa, porque este proyecto de ley plantea como uno de los mayores beneficios «el subsidio parcial» respecto del nivel de Ingresos Brutos, porque el texto dice: …“sobre el incremento”… –está muy mal redactada la Ley-, pero no se sabe si es sobre el incremento de recursos que produce la inversión, o sobre el incremento de tasa que están previendo sobre el impuesto -lo que nos causa preocupación-. Y mire qué despropósito: la mejor promoción que podríamos tener en este ítem, en Córdoba, es que la tasa de Ingresos Brutos para la industria fuese Cero. En Buenos Aires, la mayoría de las pymes que facturan hasta $ 6 millones no tributan Ingresos Brutos; la legislatura de Santa Fe rechazó la reimplantación del impuesto a la industria y no se instrumentó, y lo mismo ocurrió en Entre Ríos.